La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvi\u00f3 anular la deuda que dos mujeres manten\u00edan con el CAE y el Fondo Solidario, pese a que se hab\u00edan declarado en quiebra y orden\u00f3 que sus registros fueran borrados en la Tesorer\u00eda, en el comercio y la banca.<\/p>\n
La decisi\u00f3n judicial qued\u00f3 plasmada en sendos fallos de recursos de protecci\u00f3n interpuestos por acreedoras que se acogieron al llamado Procedimiento Concursal de Liquidaci\u00f3n (PCL), hoy a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento (SIE).<\/p>\n
El m\u00e1ximo tribunal estim\u00f3 que la quiebra de una persona busca que se convierta nuevamente en \u201csujeto de cr\u00e9dito\u201d, por lo que cualquier deuda debe quedar anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.<\/p>\n
Uno de los casos refiere a Javiera Mancilla, quien reside en Chilo\u00e9. La mujer inici\u00f3 su PCL el 11 de noviembre de 2016 en el Juzgado de Letras de Castro que a fines de 2017 resolvi\u00f3 en su favor. Es decir, su registro de morosidad deb\u00eda quedar impoluto.<\/p>\n
Sin embargo, el 14 de enero pasado Mancilla concurri\u00f3 a la TGR para solicitar un certificado, pero descubri\u00f3 que la entidad manten\u00eda en su historial los m\u00e1s de $8 millones de que un cr\u00e9dito contratado con el Scotiabank para estudiar.<\/p>\n
El segundo hecho corresponde a Carla Araya, quien hizo su propio PCL, que concluy\u00f3 en febrero de 2018, ya que ten\u00eda deudas por m\u00e1s de 21 millones de pesos con cuatro acreedores.<\/p>\n
Al igual que la anterior, se enter\u00f3 que la Universidad Austral la segu\u00eda manteniendo en su base de datos como deudora de casi 7 millones de pesos del Fondo Solidario.<\/p>\n
Ambas mujeres presentaron un recurso de protecci\u00f3n para corregir la situaci\u00f3n, atendido que sus derechos constitucionales estaban siendo vulnerados, toda vez que mantener la situaci\u00f3n, convert\u00eda en letra muerta la nueva Ley de Insolvencia.<\/p>\n
Patrocinadas por abogados del Grupo Defensa interpusieron la acci\u00f3n legal, Javiera en la Corte de Puerto Montt, mientras que Carla en Santiago.<\/p>\n
No obstante, ambos tribunales de alzada rechazaron sus pretensiones, aludiendo a que la las leyes del CAE y el Cr\u00e9dito Solidario no pod\u00edan ser incluidas en el PCL que tiempo antes hab\u00edan realizado para iniciar una nueva vida financiera.<\/p>\n
Las afectadas continuaron la batalla legal y apelaron ante la Suprema para revocar las resoluciones anteriores. Si no ganaban en esa instancia, Javiera y Carla tendr\u00edan los \u201cpapeles manchados\u201d. La consecuencia entonces ser\u00eda solo una: acceder a productos de la banca y el retail se har\u00eda cuesta arriba o imposible.<\/p>\n
Sin embargo, la suprema en dos fallos, el primero del 27 de mayo y el segundo del 20 de julio pasados, estimaron que si una persona lleva adelante su PCL, \u201ctodas\u201d las deudas terminan con \u00e9l, sin hacer distinci\u00f3n a la que se refiera.<\/p>\n
El fallo explica que tanto la Tesorer\u00eda como un banco de la plaza no verificaron el cr\u00e9dito como acreedores en el PCL, pese a tener facultades para ello.<\/p>\n
\u201cPr\u00e1cticamente a seis a\u00f1os de vigencia de la Ley de Insolvencia, por fin vemos reflejado en un fallo de la Corte Suprema que la normativa aplica a cualquier deudor sin discriminar entre deudores de primera y segunda clase\u201d<\/em>, explic\u00f3 el abogado Ricardo Ib\u00e1\u00f1ez de Defensa Deudores.<\/p>\n